(EFE) El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que a partir de ahora incorporará a su servicio la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el 112, además de dar respuesta a emergencias extraordinarias.
Este proyecto asegura la coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas de Protección Civil y regula las competencias propias de la Administración, según una nota remitida por el Ministerio del Interior.
Con este proyecto de Ley, el Gobierno intenta crear un nuevo sistema nacional que garantice la eficacia de los servicios de protección civil para proteger las personas y bienes ante los distintos tipos de emergencias.
La ley, que actualiza y ordena el marco jurídico vigente incorporando la Unidad Militar de Emergencias (UME), el 112 y los diferentes mecanismos nacionales e internacionales, sucede a la de 1985, y respeta las competencias asumidas por las comunidades autónomas en sus Estatutos de Autonomía.
Una de las novedades con respecto al Anteproyecto es que a partir de ahora la Protección Civil se asimila a «respuesta ante emergencias extraordinarias», para diferenciarla de los servicios de coordinación de emergencias ordinarias o urgencias.
Además, regulará «con mayor precisión» la emisión de alertas a la población y deja abierta la posibilidad de que colaboren en estos asuntos diversas entidades que tengan entre sus fines la protección civil.
Esta ley amplía el marco de actuación y competencias de la Comisión Nacional de Protección Civil y se reconoce que las Entidades Locales sean miembros de pleno derecho de este Órgano, al que hasta ahora asistían a sus reuniones con voz pero sin voto.
Asimismo, establece la posibilidad de colaboración entre la Escuela Nacional de Protección Civil y las escuelas autonómicas en esta materia y desarrolla la participación y formación del voluntariado.
El Proyecto se divide en varios títulos que incluyen las disposiciones generales, las Actuaciones del Sistema, lo relativo a los recursos humanos del Sistema Nacional o las competencias de los órganos de la Administración General del Estado, entre otros.
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